Dans une tribune de José Gil Olmos publié par Proceso, l'auteur revient sur la double terreur qui tenaille les mexicains après ces deux attaques: le renforcement du pouvoir des narcos et l'instauration d'un Etat militaro-policier. Calderon ayant demandé au Congrès de valider la controversée Loi de Sécurité Nationale. Pris entre le marteau et l'enclume le Mexique compte ses morts.
Exige Reporteros sin Frontera la liberación de “tuiteros” veracruzanos
JALAPA, Ver. (apro).- Reporteros sin Fronteras se sumó a la condena de usuarios de las redes sociales contra el gobierno veracruzano por el proceso penal iniciado en contra de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, por los presuntos delitos de terrorismo y sabotaje al haber difundido mensajes sobre potenciales atentados del crimen organizado en la entidad.
“Esta inculpación es delirante, pese a la imprudencia de algunos mensajes difundidos por los acusados”, señaló la organización internacional y exigió la liberación inmediata de Bravo Pagola y Martínez Vera, a quienes el 31 de agosto una juez les dictó el auto de formal prisión y, de resultar responsables de los delitos imputados, podrían ser condenados de tres a 30 años de prisión.
La agrupación internacional refirió que desde el 25 de agosto los dos cibernautas veracruzanos se encuentran detenidos por los delitos de terrorismo y sabotaje por haber difundido mensajes, vía Twitter y Facebook, sobre posibles ataques del crimen organizado en el estado de Veracruz.
Según el Código Penal del estado, dijo, la prisión preventiva es una medida excepcional, factible sólo en caso de que exista información sobre la presunta responsabilidad de los inculpados en tales actos y, ante la ausencia de pruebas, “sobre la intención de perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o transformar gravemente la vida económica o cultural, los dos ‘twitteros’ no tienen nada que hacer en prisión”.
Este caso, para Reporteros sin Fronteras implica que “la censura va acompañada de un abuso de autoridad”, ya que, incluso, si la información difundida por estas dos personas pudiera parecer dudosa o exagerada, “procesar a los usuarios de las redes sociales por actos de terrorismo constituye un exceso procesal”.
Por otra parte, subrayó, el estado de la libertad de informar en Veracruz “es cada vez más alarmante”, ya que a los numerosos casos de intimidación y amenazas se suma el hecho de que desde el inicio del año han sido asesinados tres periodistas en el territorio: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco y Noel López Olguín.
El 25 de agosto pasado estas personas difundieron alertas sobre posibles ataques contra centros escolares y ese mismo día fueron arrestados, después de que la policía identificara sus cuentas. El día 27, refirió, “el Ministerio Público señaló en un comunicado oficial que los detenidos tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado, así como reacciones de angustia y temor entre los padres”.
Con la detención de estas personas, que sufrieron presión psicológica para obligarlos a declararse culpables, acotó, “se ilustra un poco más la fisura del Estado de Derecho a medida que se infla el balance humano de la ofensiva federal contra el narcotráfico, que ha dejado más de 45 mil muertes desde diciembre de 2006”.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) determinó lanzar una “acción urgente”, donde convoca a las asociaciones humanitarias de todo el mundo, “para que hagan un llamado al gobierno del estado de Veracruz a reconsiderar el caso” de Bravo Pagola y Martínez Vera, acusados de cometer terrorismo y sabotaje mediante las redes sociales.
De acuerdo al mensaje emitido por Rupert Knox, representante de AI al titular del Despacho Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, Fidel Ordóñez Solana, a través de esta campaña, “se esperan cientos de llamados emitidos desde todos los países del orbe que serán dirigidos al gobierno de Veracruz”.
Ordóñez explicó que AI ha recomendado que los mensajes sean dirigidos al gobernador Javier Duarte, mediante servicio postal, vía telefónica o mediante correo electrónico, sugiriendo emplear el tratamiento diplomático de “Estimado gobernador…”. También, recomienda dirigirse al procurador general de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez.
Según el comunicado de Knox, refirió el abogado, al organismo no gubernamental con sede en Londres, Inglaterra, que en 1977 se hiciera acreedor al Premio Nobel de la Paz, dijo, “le preocupa que estos dos mexicanos estén en riesgo de ser condenados a 30 años de prisión por hacer publicaciones en Twitter y Facebook”.
Ante las particularidades que han rodeado la detención de Bravo Pagola y Martínez Vera, Rupert Knox procedió a circular el exhorto a los diversos países para que las instituciones y personas interesadas en los derechos humanos escriban inmediatamente, antes del 12 de octubre, “expresando su preocupación por la detención de estas personas por cargos de terrorismo y sabotaje”, señaló Ordóñez.
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